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Elecciones bajo la lupa: SFP

Incluye a candidatos, sus familiares y sus equipos de trabajo en la lista de sujetos que pueden ser sancionados por actos de corrupción Por primera vez en la historia, la Secretaría de la Función Pública (SFP) podrá vigilar y sancionar a los candidatos, equipos de campaña, empresarios o particulares, por actos de corrupción durante las elecciones. Este año, la dependencia federal se une a las labores de vigilancia del Instituto Nacional Electoral (INE) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) para evitar que se use el proceso electoral para el enriquecimiento ilícito. La SFP podrá sancionar a particulares que pacten canonjías con candidatos. Las sanciones a aplicar son multas económicas e inhabilitaciones temporales para participar en adquisiciones. La Secretaría de la Función Pública también examinará a equipos de campaña, empresarios y otros particulares. Por primera vez en la historia, la Secretaría de la Función Pública sacará la lupa para vigilar de cerca a todos los candidatos, sus familiares, equipos de campaña, empresarios u otro tipo de particulares, a fin de evitar que la corrupción permee las elecciones, pues este 2018 ejercerá su inédita facultad de sancionar a los particulares que pacten con candidatos alguna canonjía. Así, la Secretaría de la Función Pública se sumará en este 2018 al Instituto Nacional Electoral (INE) y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en la vigilancia de los aspirantes a los cargos de elección popular, desde los presidenciales hasta los concejales, a fin de evitar que se utilice el proceso electoral para el enriquecimiento ilícito o la impunidad a actos de corrupción comprobados. Y lo hará de la mano de los ciudadanos, quienes se convierten, por ley, en auxiliares para vigilar que la corrupción no sea dinámica común en los procesos electorales.

Independientemente de las consecuencias penales, la Secretaría de la Función Púbica está obligada a aplicar “Inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, según corresponda, por un periodo que no será menor de tres meses ni mayor de ocho años; Indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública Federal, local o municipal, o al patrimonio de los entes públicos”, precisa la Ley.

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